El agua como mercancía Frei Betto

El capitalismo mercantiliza los bienes de la naturaleza, los frutos del trabajo humano, todos los aspectos de nuestra vida. Aprendemos en la escuela que el 71% de nuestro cuerpo es agua, la misma proporción existente en nuestro planeta.

Bebemos litros de agua en el transcurso del día. ¿Salida de un viejo y buen filtro? No. Generalmente, de botellas compradas en supermercados. ¿Quién garantiza que el agua embotellada es más potable que la filtrada en casa? La propaganda; ella manipula nuestra mente y orienta nuestros hábitos.

Con la mirada puesta en la factura, las empresas transnacionales procuran infundir en la opinión pública la idea del agua como mercancía de gran valor económico, capaz de volverse una fuente de ingresos para un país como el Brasil. Se despoja al agua de su dimensión de derecho humano, de su carácter vital, de su dimensión sagrada. Quien se opone a esta ideología es tachado de “contrario al progreso”. Sin embargo, es en la defensa del agua como derecho y bien común donde reside la posibilidad de salvar al planeta Tierra -”Planeta Agua”- de la desolación, y que aseguremos la vida de las futuras generaciones.

El argumento para la mercantilización del agua es sencillo: teniendo que pagar, su utilización será más racional y cuidadosa. Pero eso no implica incluir el agua en la categoría de mercancía regida por las leyes del mercado.

Este argumento tiene su parte de verdad: se cuida más lo que es más caro. Las consecuencias, sin embargo, pueden ser graves si el agua es regida por la ley de la oferta y la demanda. El cobro por el uso del agua puede ser un mecanismo de administración peligroso desde el momento en que se establezcan precios diferenciados conforme a la concesión de su uso. Una fábrica de cerveza saca de un pozo artesiano toda el agua que necesita, sin pagar nada por ella. Después arroja parte de esa agua, ahora contaminada por detergentes y desechos, al río más próximo. El lucro por la venta de cerveza es todo para ella; la pérdida en el caudal subterráneo y la contaminación del río son de la comunidad local.

Una buena gestión cobraría un precio menor por el agua usada como insumo y un precio alto por el uso industrial, de modo que obligara a la industria a filtrar los desechos antes de verterlos de nuevo al río. También es necesario establecer precios diferenciados conforme al uso del agua (consumo humano, producción industrial, energía eléctrica, agricultura de regadío, ocio…).

En las zonas urbanas pagamos por los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua, no por el agua en sí. La novedad es que, además de los servicios, tendremos que pagar también por el metro cúbico de agua utilizada. Si este precio adicional llega a excluir a alguien del acesso al agua, tal medida será éticamente inaceptable.

El principio que obliga a pagar a quien usa no puede ser aceptado en sentido contrario: “quien no paga no usa.” No siendo el agua una mercancía, sino un bien público, el principio sólo se aplica como norma reguladora del uso, sea cuantitativa (quien usa más agua paga más), sea cualitativamente (quien la usa para fines lucrativos paga más que quien la usa para consumo personal). Si no fuera así, el agua dejará de ser un derecho de todos los seres vivos, creándose un impasse ético y una tragedia: la de los excluídos del agua.

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